Columna de opinión de Mauricio Bravo Rojas, director de Políticas Públicas CILED publicada en La Tercera.
15/03/2022
Con el fin de alcanzar un mayor desarrollo económico y social, los países deben realizar importantes esfuerzos para aumentar su competitividad, siendo fundamental la inversión en capital humano. En este sentido, es de vital importancia la educación superior técnico profesional como un camino para que los individuos alcancen sus metas a lo largo de la vida y, junto con ello, para que las naciones logren mayor desarrollo productivo. Con el propósito de reconocer la relevancia de la formación profesional, Naciones Unidas en 2015, a través de la agenda 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estableció como una de sus metas “aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que cuentan con las competencias pertinentes, incluidas las técnicas y profesionales, para el empleo, el trabajo decente y el espíritu empresarial”.
En este contexto, el Consejo de Rectores de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados –Vertebral– propone a la Convención Constitucional diversas normas relativas a la educación superior, entre ellas, promover garantías a la libertad de enseñanza inspirada en la diversidad de los sistemas nacionales de educación superior. Sin duda, esta medida va en el camino correcto, porque la diversidad institucional es una expresión de las variadas cosmovisiones dentro de las sociedades democráticas y ofrece además una mayor capacidad de respuesta a las variadas demandas de la población (Dill y Teixeira, 2000; Geiger, 1996; Neave, 2000; Van Vught, 1996). Por su parte, la formación técnico profesional promueve una mayor diversificación sistémica gracias a que su oferta va más allá de los tradicionales programas universitarios, lo que sin duda amplía la libertad de elección de los estudiantes y sus familias (Codling y Meek, 2006).
Adicionalmente, gracias a la diversificación (estatal-privada; universitaria-no universitaria) se logra absorber estudiantes no tradicionales y con ello contribuir a una mayor movilidad social. Por tanto, la libertad de enseñanza ha permitido que nuestro país cuente con un sistema de educación superior altamente diverso, que se expresa no solamente en la provisión estatal-privada, sino también en la capacidad para responder a las demandas de la sociedad y a los distintos proyectos vitales (universitario – no universitario).
Se espera que los convencionales analicen atentamente las múltiples externalidades positivas que la libertad de enseñanza ha dejado a todos aquellos estudiantes que representan a las primeras generaciones que ingresan a la educación superior, más aún, cuando se escoge formación técnico profesional. Esta última ha contribuido ampliamente a la universalización de la educación superior, contribuyendo a la conformación de un sistema con accesibilidad para todos.
