Mientras miles de estudiantes en Chile comienzan a proyectar su ingreso al mundo de la educación superior y del trabajo, el país se prepara también para un nuevo ciclo político, con un gobierno entrante que definirá prioridades y énfasis en materias educativas. Es un momento propicio y necesario para revisar qué entendemos por desarrollo, qué trayectorias ofrecemos a nuestros jóvenes y qué lugar le asignamos, de una vez por todas, a la Educación Media Técnico-Profesional (EMTP) en ese proyecto.

La EMTP no es subsistema marginal: hoy el 35% de los jóvenes de 3º y 4º medio estudia en este segmento educativo —cerca de 160 mil estudiantes, en su mayoría provenientes de contextos vulnerables— distribuidos en 934 establecimientos a lo largo del país.

Concentra, además, 35 especialidades y 17 menciones, y moviliza el trabajo de unos 50 mil docentes. Sin embargo, sigue siendo una modalidad de la que sabemos poco, con políticas inestables y apoyos que cambian al ritmo del ciclo político. Mientras discutimos reformas, miles de jóvenes se gradúan cada año sin garantías de trayectorias claras, de articulación con la educación superior técnico-profesional ni de actualización frente a los cambios del mundo productivo.

Los directores y directoras de liceos TP representan apenas el 11% de los líderes escolares del país, pero conducen establecimientos que atienden a comunidades con necesidades incluso mayores que la de liceos científico-humanista. Solo el 41% de estos cargos está en manos de mujeres, versus un 74% en la modalidad no TP; y enfrentan el desafío de sostener además de la gestión pedagógica y administrativa, el vínculo con empresas y gremios.

Tampoco es indiferente quiénes son los estudiantes que se juegan el futuro en estos liceos: un 54% son hombres y un 46% mujeres, muchas veces empujadas hacia especialidades con menores proyecciones salariales. Desaprovechar la Enseñanza Media TP significa reproducir inequidades, limitar la diversificación de la matrícula y reducir la capacidad del país para responder a sectores productivos que hoy declaran falta de técnicos calificados.

Si queremos un país que “cree valor” y no solo lo consuma, la Enseñanza Media TP debería estar en el corazón de cualquier programa de gobierno. Eso implica comprometer una visión de Estado estable para la modalidad; asegurar financiamiento y actualización curricular con participación real del sector productivo; fortalecer la alternancia y las prácticas en contextos laborales; mejorar la articulación con la educación superior TP; y ofrecer formación especializada para los equipos directivos, reduciendo la burocracia que hoy les impide liderar el aprendizaje.

También supone tomarse en serio la equidad y la inclusión. Derribar la segregación por especialidad, abrir espacios a más mujeres en rubros tradicionalmente dominados por hombres y asegurar aportes para estudiantes con necesidades educativas especiales y para el creciente número de jóvenes migrantes que encuentran en la TP su principal puerta al sistema. Con un nuevo gobierno a punto de iniciar su mandato, el debate educativo vuelve a instalarse con fuerza. La pregunta es si seguiremos tratando la Educación Técnico-Profesional como una alternativa secundaria o si, esta vez, la asumiremos como una pieza estratégica del desarrollo del país.